Por Carlos Esteban – La Gaceta de la Iberoesfera
El Fiscal General de la Administración Biden, Merrick Garland, ha anunciado que centrará sus esfuerzos en detectar y combatir a los padres que intimiden, acosen o amenacen al personal docente, lo cual suena muy bien hasta que se recuerda el significado que da el nuevo régimen a las palabras. Así, igual que cuando Biden dice “supremacistas blancos” en realidad quiere decir “votantes de Trump”, cuando su fiscal dice “amenazar al personal docente” quiere decir “resistirse a que enseñen a sus hijos que hay tantos géneros como estrellas en el cielo y que la fundación de Estados Unidos fue un monstruoso error basado en el racismo”.
El anuncio llega justo después de que la asociación de juntas escolares demandara a la Administración que tomara “medidas extraordinarias” para evitar, básicamente, que los padres les lleven la contraria. Y no hay nada que los demócratas no vayan a hacer por un grupo de votantes tan fiel e importante como los docentes.
En el centro de la polémica está la famosa Teoría Racial Crítica, que postula que la raza blanca es la suma de todos los males y que el país se fundó con el único objetivo de garantizar su supremacía violenta, además de la Teoría de Género, que pretende que el sexo es una categoría vacía de sentido y que lo que importa es algo llamado ‘género’, que el niño debería elegir a su capricho. El agresivo adoctrinamiento ‘woke’ ha llevado a puntuales estallidos de protesta en diversas partes de Estados Unidos contra este lavado de cerebro de corte soviético, que también está haciendo reaccionar a estados y condados por toda la Unión. De hecho, un día antes del anuncio de Garland, una junta escolar de Carolina del Norte había anunciado que disciplinará o despedirá a cualquier profesor que se empeñe en adoctrinar a los alumnos con la Teoría Racial Crítica aplicada a la historia de los Estados Unidos.
El fiscal general ha dado instrucciones al FBI y a los fiscales federales para que en los próximos treinta días se reúnan con líderes federales, estatales y locales “para facilitar la discusión de estrategias desinadas a hacer frente a las amenazas contra administradores escolares, miembros de la junta escolar, profesores y personal de las escuelas”, según una carta enviada por Garland a todos los fiscales, al director del FBI y a otras autoridades.
El Departamento de Justicia anuncia que en los próximos días se articularán nuevas medidas, entre ellas un equipo de trabajo que determinará cómo usar recursos federales para enjuiciar a los padres infractores y asesorar a las entidades de los estados en la apertura de casos allí donde no se han vulnerado las leyes federales. Además, proporcionará formación al personal docente en cuanto al modo de denunciar amenazas por parte de los padres y conservar pruebas que ayuden en la investigación y enjuiciamiento.
La Fiscalía asegura estar tomando estas medidas como reacción a una oleada de ‘amenazas’ de padres airados, y señala que, “si bien nuestra Constitución protege un animado debate sobre cuestiones políticas, esa protección no se extiende a las amenazas de violencia o intimidación contra individuos por sus opiniones”.
Lo que hay de fondo es que los padres norteamericanos se han dado cuenta, al fin, de que los colegios donde envían a sus hijos no son templos del saber ni centros para preparar a sus hijos ante el futuro, sino verdaderos reductos en los que profesores a menudo de extrema izquierda imbuyen a las futuras generaciones el odio a su país, a su sexo y a su raza e ideas extremistas y radicales.
