Fuente: La Gaceta de la Iberosfera
El Gobierno de Giorgia Meloni ha anunciado la prohibición de instalar paneles solares en terrenos agrícolas cultivables, una decisión que contrasta con la estrategia adoptada en España, donde el avance de las energías renovables está implicando la expropiación de fincas y la tala masiva de olivos centenarios. El decreto aprobado por el ejecutivo italiano pretende salvaguardar el uso agrícola tradicional del suelo y frenar la «desertificación productiva» del campo, según explicó el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida.
La normativa italiana, no obstante, contempla excepciones. Sí se permitirá la llamada energía agrovoltaica, siempre que los paneles solares se instalen a una altura mínima de dos metros del suelo, permitiendo así el uso simultáneo del terreno para cultivos. También quedan fuera del veto los proyectos ya en tramitación, así como las instalaciones en espacios no agrícolas, como canteras, minas, zonas ferroviarias, infraestructuras aeroportuarias o márgenes de autopistas.
Esta apuesta por proteger el paisaje agrario ha sido bien recibida por algunos sectores del campo, aunque no por los operadores eléctricos. La agrovoltaica es una tecnología más compleja y costosa que los sistemas fotovoltaicos convencionales. Según Agostino Re Rebaudengo, presidente de Elettricità Futura —la principal asociación de empresas del sector energético en Italia—, su implantación puede llegar a duplicar los costes sin generar beneficios reales para los agricultores. «La elevación de las placas presenta problemas técnicos, desde la resistencia al viento hasta el impacto visual», señaló en Il Sole 24 Ore.
Mientras Italia pone freno a la expansión de macroplantas solares en tierras fértiles, en España la situación es bien distinta. Cientos de agricultores andaluces, principalmente en las provincias de Jaén y Córdoba, han denunciado la expropiación de sus tierras para la instalación de parques solares. En el proceso, podrían perderse hasta 100.000 olivos en una región con un altísimo valor paisajístico, agrícola e incluso cultural, que aspiraba a ser reconocida por la Unesco como Patrimonio Mundial por su tradicional cultivo del olivar.
Los municipios de Lopera, Arjona y Marmolejo se han convertido en el símbolo de esta controversia, donde los intereses empresariales de compañías como Greenalia Solar han contado con el respaldo de la Junta de Andalucía y del Gobierno central. Vecinos y colectivos agrarios denuncian que se están sacrificando paisajes y tradiciones centenarias en favor de una transición energética que califican de «improvisada y destructiva».
El malestar se ha intensificado tras el apagón que, el pasado lunes, dejó sin suministro eléctrico durante horas a buena parte del territorio español, afectando incluso al sur de Francia y a algunas regiones de Portugal. Aquel fallo evidenció, según los críticos, la fragilidad de un modelo energético que se apoya mayoritariamente en fuentes renovables (66% en el momento del colapso), mientras reduce la aportación de tecnologías más estables como la nuclear (10%) o los ciclos combinados (3%).
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