Fuente: La Gaceta de la Iberosfera
En diciembre de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó una de las leyes más agresivas contra la vida humana en la historia reciente de España: la actual Ley del Aborto. Desde entonces, la eliminación del no nacido no sólo ha sido legalizada en sus formas más radicales —como permitir a menores de 16 y 17 años abortar sin el conocimiento ni consentimiento de sus padres—, sino que se ha integrado formalmente en el sistema público de salud. Sin embargo, la realidad es que buena parte de las mujeres que deciden abortar terminan en clínicas privadas. La razón es sencilla: en la mayoría de hospitales públicos, los ginecólogos se niegan a practicar abortos. No se trata de una cuestión técnica, sino de conciencia. Ellos conocen de primera mano lo que supone acabar con una vida humana en pleno desarrollo.
Según ha explicado el presidente de la Fundación +Vida, Ávaro Ortega, a El Debate, detrás de todo este entramado se esconde un negocio de proporciones escandalosas. Lo que muchas veces se presenta como una cuestión de salud pública o de «libertad reproductiva» no es más que una fuente inagotable de ingresos para un conjunto de clínicas privadas que operan bajo el amparo del Estado. La objeción de conciencia de los médicos del sistema público no detiene la maquinaria. En muchos casos, es la propia Sanidad Pública la que deriva a estas clínicas para que lleven a cabo los abortos. Así se mantiene en marcha una industria que factura millones cada año y que encuentra en el aborto su principal motor de beneficios.
Las cifras hablan por sí solas. Abortos farmacológicos mediante píldoras hasta la novena semana de gestación pueden costar entre 300 y 700 euros. Si se opta por anestesia general en abortos de hasta 12 semanas, los precios rondan los 400 euros. A medida que avanza la gestación, los costes se disparan. Entre las semanas 17 y 18, un aborto puede costar cerca de 950 euros. Y si se realiza entre las semanas 21 y 22, los precios oscilan entre 1.450 y más de 2.000 euros. A esto hay que añadir otros gastos asociados: visitas médicas, ecografías, urgencias, sedaciones o complicaciones posteriores.
Frente a esta estructura millonaria, el parto natural —que implica traer una vida al mundo— cuesta al sistema público entre 150 y 200 euros. Una diferencia económica que dice mucho sobre las prioridades del actual modelo sanitario. El Ministerio de Igualdad, dirigido entonces por Irene Montero, era plenamente consciente de esta realidad. La norma aprobada bajo su gestión no solo favorecía el aborto en edades especialmente sensibles, sino que también allanaba el camino para su expansión como negocio regulado.
Los últimos datos disponibles, correspondientes a 2024, son alarmantes. En España se practicaron ese año 103.097 abortos, lo que representa un aumento del 4,8% respecto a 2022. Eso significa que cada día, de media, 282 mujeres decidieron poner fin al desarrollo de una vida humana en su vientre. Detrás de cada una de esas decisiones hay un drama personal, muchas veces invisible, pero también una estructura perfectamente engrasada para rentabilizar cada caso.
