Miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro se concentraron este lunes 4 de agosto frente a su residencia, luego de que el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, ordenara su arresto domiciliario. La medida judicial prohíbe a Bolsonaro recibir visitas —excepto abogados y personas autorizadas por la justicia— y le impide el uso de celulares, ya sea de forma directa o a través de terceros.
Según la decisión del magistrado, el exmandatario habría incumplido restricciones judiciales previas impuestas en julio, presuntamente por compartir contenido en redes sociales a través de las cuentas de su hijo. Bolsonaro enfrenta cargos por supuestamente liderar una organización que habría intentado revertir el resultado de las cuestionadas elecciones de 2022, que dieron por ganador al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
La reacción ciudadana no se hizo esperar. En las afueras del condominio donde reside Bolsonaro, manifestantes ondearon banderas brasileñas, entonaron cánticos como “¡Brasil va a parar!” y formaron caravanas de autos en señal de protesta. “No vamos a callarnos frente a lo que está pasando. Brasil despertó y está en las calles otra vez. Estamos luchando por la libertad”, declaró a Reuters el sociólogo Eduardo Paiva, presente en la manifestación.
El diputado Rodolfo Nogueira también se pronunció sobre la situación, calificando la medida como “una escena lamentable más del ministro Alexandre de Moraes contra la libertad del presidente Bolsonaro, quien no cometió ningún crimen”.
La decisión del juez Moraes se produce en medio de crecientes tensiones institucionales en Brasil. En los últimos días, el propio Moraes ha enfrentado cuestionamientos tanto dentro como fuera del país, incluyendo sanciones internacionales bajo la Ley Magnitsky, que afectaron sus cuentas bancarias y las de su familia.
La medida contra Bolsonaro ha sido interpretada por sus seguidores como parte de una ofensiva judicial contra la oposición conservadora. Las calles de varias ciudades del país fueron testigos, durante el fin de semana, de multitudinarias movilizaciones en defensa del expresidente y en rechazo a lo que consideran una persecución política.
Mientras tanto, el equipo legal de Bolsonaro confirmó que el exmandatario fue notificado formalmente de su arresto domiciliario el lunes por la tarde y que uno de sus teléfonos fue confiscado como parte del procedimiento.
El proceso judicial sigue su curso y mantiene en vilo a una parte importante de la sociedad brasileña, que exige garantías democráticas y respeto a los derechos civiles sin distinción de ideología.
