Las condiciones meteorológicas dieron un respiro el jueves por la noche (21 de agosto) a los equipos de emergencia que combaten los 18 grandes incendios aún activos en España. La caída de las temperaturas y el aumento de la humedad alimentaron la esperanza de que lo peor esté llegando a su fin, aunque nuevas llamas se propagaron en Galicia, donde una enorme nube de humo cubrió la zona de Santa Cristina de Cobres.
El dispositivo contra el fuego ha movilizado a unos 3.400 militares y 50 aeronaves en todo el país, en colaboración con bomberos llegados desde varios Estados europeos como República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos y Eslovaquia. A pesar de los esfuerzos, la magnitud de la devastación ya supera las 400.000 hectáreas calcinadas, la cifra más alta registrada desde 2006.
La crisis ha reavivado un debate interno en España: ¿qué está fallando en la prevención de incendios? Mientras el gobierno central insiste en que las olas de calor e incendios cada vez más intensos están vinculados al «cambio climático», los agricultores sostienen que las políticas medioambientales impuestas en el marco de la Agenda 2030 han limitado el manejo tradicional del campo, favoreciendo la acumulación de maleza e incrementando el riesgo de incendios.
En ese sentido, Juan Metidieri, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en Extremadura, fue contundente: “Los que nos gobiernan desde sus despachos, desde el sofá, con aire acondicionado, desde las grandes ciudades, en lugar de pisar el campo, lo que hacen es echar la culpa del cambio climático y legislar de espaldas al campo”.
Muchos agricultores denuncian que la imposición de sanciones por limpiar cunetas, recoger hierba o quemar rastrojos ha debilitado las prácticas tradicionales que durante siglos ayudaban a mantener los montes limpios. Según ellos, esas restricciones, justificadas bajo políticas de conservación ambiental, han terminado convirtiendo el territorio en un verdadero polvorín.
Organizaciones agrarias aseguran que, lejos de proteger al medioambiente, las normativas de la Agenda 2030 están contribuyendo a que los incendios sean más frecuentes y devastadores. Reclaman un giro en la gestión forestal que devuelva al campo un papel activo en la prevención, con incentivos para mantener los montes despejados y aprovechar la biomasa como recurso energético.
Por ahora, la prioridad sigue siendo controlar las llamas y proteger a las comunidades afectadas. Sin embargo, el fuego ha dejado al descubierto un debate político y social más amplio: el choque entre las políticas verdes promovidas desde Bruselas y Madrid, y el saber hacer de quienes trabajan la tierra. Un dilema que, a juicio de los agricultores, podría definir la seguridad y sostenibilidad del campo español en los próximos años.
