Fuente: Mundo Libre Diario
El 26 de agosto, un tribunal boliviano ordenó la liberación inmediata de la expresidenta interina Jeanine Áñez, detenida desde marzo de 2021 bajo acusaciones de “golpe de Estado” en la crisis política de 2019.
La decisión, tomada por el Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto, también benefició a otros 12 procesados en el caso “Senkata”. La corte se declaró incompetente para juzgar la causa por vía penal ordinaria y determinó que corresponde tramitarla como un juicio de responsabilidades ante el Poder Legislativo.
La excarcelación de Áñez llega en medio de un cambio político profundo en Bolivia, tras las elecciones generales del 17 de agosto, que pusieron fin a dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS).
Los comicios dieron la victoria al senador opositor Rodrigo Paz Pereira con el 32,1% de los votos, seguido por el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga con el 26,8%. En contraste, el candidato oficialista del MAS, Eduardo del Castillo, apenas alcanzó el 3,1%, lo que evidenció un derrumbe electoral para la izquierda liderada por Evo Morales y Luis Arce. Este escenario debilitó la influencia política del MAS y abrió paso a un giro en el sistema judicial.
Días antes, el 22 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había instruido revisar de inmediato las detenciones preventivas de Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, para verificar el cumplimiento de los plazos legales. La orden fue interpretada como una consecuencia directa del nuevo escenario político, en respuesta a denuncias sobre el uso de la prisión preventiva para perseguir a opositores. La abogada de derechos humanos Tamara Suju advirtió que, al estar vencidos los plazos de detención, la liberación de los tres dirigentes era inminente.
Áñez asumió la presidencia interina en noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales, en un contexto de protestas por fraude electoral. En 2022 fue condenada a 10 años de prisión en el caso “Golpe de Estado II”, acusada de haberse situado de manera irregular en la línea de sucesión. Desde entonces, organismos internacionales y entidades de derechos humanos —como Foro Madrid— denunciaron su encarcelamiento como un acto de persecución política del MAS, comparándolo con prácticas represivas en Venezuela, Cuba y Nicaragua.
El 25 de agosto, un día antes de su liberación, Áñez ya había celebrado un fallo favorable en el caso “Patraña 3”, en el que un tribunal de El Alto reconoció que, como expresidenta, solo podía ser juzgada mediante un juicio de responsabilidades. “La historia recordará que este día se restableció la legalidad. Volvió la independencia judicial y se dio paso a una Bolivia más justa”, declaró en sus redes sociales.
Tras conocerse los resultados electorales, Áñez también se pronunció desde la cárcel de Miraflores en La Paz: “En Bolivia triunfó la democracia. Logramos apartar del poder a un partido que tanto dolor y retroceso nos dejó”. Asimismo, felicitó a Rodrigo Paz y a Tuto Quiroga, quienes se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial del 19 de octubre, la primera en la historia de Bolivia desde la reforma electoral de 2009.
La liberación de Áñez fue celebrada por sectores opositores y organizaciones internacionales, que la consideran un símbolo de resistencia frente a la persecución política. Sin embargo, su situación judicial no está cerrada: los procesos pendientes, incluido el caso Senkata, deberán ser tramitados como juicios de responsabilidades, un mecanismo que exige el apoyo de dos tercios de la Asamblea Legislativa, mayoría con la que el MAS ya no cuenta.
El fallo, junto con la revisión ordenada por el TSJ, refleja el viraje político y judicial que vive Bolivia tras la derrota de la izquierda encabezada por el MAS. La libertad de Áñez abre un nuevo capítulo en la historia reciente del país, mientras se avecina un balotaje que definirá el rumbo de la nación en los próximos años.
