Traducido de Natural News por TierraPura
- La representante Marjorie Taylor Greene presentó la «Ley de Cielos Despejados» para criminalizar la geoingeniería atmosférica.
- El proyecto de ley propone cargos por delitos graves y multas significativas por actividades de modificación del clima no autorizadas.
- La legislación surge tras declaraciones públicas del Secretario del HHS, Robert F. Kennedy, Jr., quien también condenó la práctica.
- El debate se cruza con teorías conspirativas que vinculan la manipulación del clima con desastres naturales recientes.
- El proyecto de ley establece un sistema de denuncia pública de presuntas infracciones que serán investigadas por la EPA.
En una medida que ha generado un intenso debate político y científico, la representante Marjorie Taylor Greene (republicana por Georgia) lanzó una vehemente campaña contra lo que describe como programas gubernamentales encubiertos de geoingeniería. El 29 de agosto de 2025, la congresista de Georgia recurrió a las redes sociales para promover su «Ley de Cielos Despejados», una legislación que presentó en julio y que busca imponer sanciones penales por los esfuerzos de modificación climática . Su declaración, «NUNCA votamos a favor de que se rocíen productos químicos en nuestros cielos», resume la creciente preocupación de algunos conservadores y naturalistas por la supuesta manipulación de la atmósfera y sus posibles efectos sobre la salud pública y la soberanía ambiental.
La Ley de Cielos Claros: un marco legal para la prohibición
La piedra angular legislativa de esta iniciativa, la HR 4403, está diseñada para promulgar una prohibición integral de la modificación climática en Estados Unidos . El proyecto de ley define la «modificación climática» de forma amplia, abarcando la geoingeniería, la siembra de nubes, la gestión de la radiación solar y la liberación de sustancias en aerosol destinadas a alterar la temperatura, el tiempo, el clima o la intensidad de la luz solar.
Las sanciones propuestas son severas. Los infractores se enfrentarían a cargos penales con multas de hasta $100,000 por infracción, penas de prisión de hasta cinco años, o ambas. Además, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) estaría facultada para imponer sanciones civiles de hasta $10,000 por cada infracción. El proyecto de ley también anularía cualquier ley, reglamento u orden ejecutiva federal vigente que autorice o exija la modificación climática, creando así una prohibición sin precedentes .
Para hacer cumplir esta prohibición, la ley exige el establecimiento de un sistema público de denuncias, gestionado por la EPA, en coordinación con la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Los ciudadanos podrían presentar denuncias sobre presuntas infracciones, que la EPA estaría obligada a investigar y hacer públicas. Las infracciones confirmadas se remitirían al Fiscal General para su procesamiento.
Aliados políticos y una narrativa cambiante
La cruzada de Greene ha encontrado un aliado notable en el poder ejecutivo. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr., ha calificado previamente la geoingeniería de «delito» y ha manifestado su intención de iniciar una investigación federal. Kennedy ha alegado que se están introduciendo aditivos químicos en el combustible para aviones como parte de estos programas, posiblemente con la participación de la agencia de investigación del Pentágono, DARPA.
Esta confluencia de opiniones entre un legislador conservador populista y un secretario de gabinete de mentalidad progresista refleja la naturaleza inusual y transversal del asunto. Señala un cambio en la narrativa política, trasladando las discusiones sobre la manipulación atmosférica desde los márgenes de los foros en línea a los pasillos del Congreso y las agencias federales. El debate se ha visto aún más avivado por los recientes desastres naturales, con algunos comentaristas afirmando sin fundamento que eventos como las catastróficas inundaciones en Texas fueron el resultado de operaciones de siembra de nubes, a pesar de las firmes refutaciones de expertos y funcionarios estatales.
Contexto histórico y las semillas de la sospecha
El concepto de modificación climática no es nuevo. Ya en 1947, el Proyecto Cirrus exploró la posibilidad de sembrar huracanes con hielo seco. Durante décadas, programas como la siembra de nubes se han utilizado en diversas partes del mundo para aumentar las precipitaciones. La propia NOAA mantiene una página web pública con informes detallados de proyectos de modificación climática, que incluyen técnicas como la liberación de partículas con carga eléctrica o radiactivas y el uso de radiación electromagnética.
Esta larga historia de experimentación fundamenta las sospechas actuales. Los defensores del proyecto de ley de Greene argumentan que las capacidades tecnológicas han avanzado exponencialmente desde mediados del siglo XX, pasando de la siembra localizada de nubes a la posibilidad de una intervención climática a gran escala sin conocimiento ni consentimiento público. Señalan los cambios ambientales observados, como la neblina persistente y los patrones climáticos inusuales, como evidencia de programas en curso y no divulgados.
El escepticismo y la resistencia científica
La ciencia convencional y muchos funcionarios electos, incluyendo republicanos como el Comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, han rechazado enérgicamente las afirmaciones más extremas. Argumentan que, si bien existe una modificación climática limitada y permitida, esta carece de la escala y la potencia necesarias para causar grandes desastres naturales o alterar el clima global de forma encubierta. El consenso científico sostiene que las estelas visibles detrás de los aviones, a menudo llamadas «chemtrails» por quienes defienden la teoría, son simplemente estelas de condensación —compuestas de vapor de agua— y no son dañinas.
Los críticos de la Ley de Cielos Despejados la consideran una legislación basada en una teoría de la conspiración y advierten que podría sofocar la investigación climática legítima y potencialmente beneficiosa. Advierten que mezclar las preocupaciones legítimas sobre las partículas atmosféricas con teorías infundadas podría socavar los debates serios sobre políticas ambientales y salud pública.
Una nación que mira hacia arriba con preocupación
La introducción de la Ley de Cielos Despejados representa un momento crucial en el debate sobre tecnología, transparencia y autoridad gubernamental. Independientemente de la veracidad científica de sus afirmaciones subyacentes, el proyecto de ley da voz política formal a una profunda inquietud pública sobre lo que pueda estar sucediendo en el cielo. Desafía a las agencias federales a demostrar que no se está produciendo geoingeniería dañina a gran escala y establece un mecanismo para que los ciudadanos se conviertan en organismos de control. A medida que se desarrolla esta batalla legislativa, impulsará un debate público sobre los límites de la manipulación ambiental, el derecho al consentimiento informado y el aire que respiramos los estadounidenses. El resultado determinará si las preocupaciones sobre la geoingeniería se abordan mediante la investigación y la transparencia o se descartan como meras conspiraciones, una división que sigue configurando el panorama político y ambiental del país.
