Fuente: El Distrito
Por Jesus Angel Rojo
¿Sabías que España tiene más de veinte vulnerabilidades graves en su sistema electoral según la OSCE? Desde el voto por correo hasta la opacidad de las juntas electorales, pasando por la ausencia total de auditorías independientes, nuestro modelo de votación es un queso gruyer de irregularidades.
Y en el centro de todo está una empresa: INDRA, la tecnológica encargada de tabular, transmitir y consolidar los resultados electorales españoles. Una compañía que, según un informe oficial del Institute for Security Studies (ISS) —financiado por los gobiernos de Noruega, Suecia, Dinamarca y Australia— fue cómplice directo en el fraude electoral de Angola.
INDRA, la empresa que fabrica los resultados
En España, el recuento electoral no lo hace el Estado ni los ciudadanos: lo hace una empresa privada. INDRA, proveedora tecnológica del Ministerio del Interior, recibe las actas desde las mesas y las procesa en sus servidores. Los resultados que luego aparecen en televisión, los que deciden gobiernos, parlamentos y presidencias, salen de sus sistemas. Ni el Congreso ni el Tribunal de Cuentas han auditado jamás el código, los algoritmos, ni las bases de datos donde se consolidan esos resultados.
La OSCE lleva años advirtiendo de que España carece de verificación ciudadana y de trazabilidad técnica en sus comicios. Pero el poder político —tanto del PSOE como del PP— prefiere mirar hacia otro lado, confiando ciegamente en una empresa que ya fue acusada de manipular elecciones en el extranjero.
El informe africano que lo cambia todo
El documento que lo demuestra se titula “Angola’s Second Post-War Elections: The Alchemy of Change” (ISS, mayo de 2013). Es un estudio exhaustivo del proceso electoral angoleño de 2012, firmado por la investigadora Paula Cristina Roque y avalado por gobiernos europeos.
En ese informe, el ISS denuncia que INDRA fue contratada para suministrar las papeletas, urnas, protocolos electorales y equipos informáticos de recuento, y que participó activamente en un sistema de doble cómputo: uno legal y otro oculto.
Cito literalmente: “An additional structure, a parallel counting centre, functioned to shadow the existing structures. Provincial results were fabricated within this parallel vote tabulation process, and the operational electoral protocols bearing the real results were never opened or disregarded.”
Traducido: “Se estableció un centro de recuento paralelo para duplicar las estructuras oficiales. Los resultados provinciales fueron fabricados dentro de ese proceso de tabulación paralela, y los protocolos con los resultados reales nunca fueron abiertos o fueron ignorados.”
En otras palabras, INDRA ayudó a crear dos protocolos: uno legal, la tapadera visible para los observadores, y otro oculto, el que determinó realmente el resultado final bajo control del régimen de José Eduardo dos Santos. Una contabilidad electoral A y B, como en la contabilidad corrupta del PSOE. El ISS no habla de rumores, sino de hechos probados.
Cómo se falsifica una elección digital
El informe del ISS detalla que INDRA, bajo supervisión del general Kopelipa —hombre fuerte del dictador angoleño—, gestionó el sistema informático y los centros de tabulación, diseñando protocolos duplicados y controlando la transmisión de resultados. Las urnas y papeletas fueron manipuladas, se imprimieron millones de votos de más y los recuentos digitales fueron sustituidos por datos “pre-determinados en Luanda”.
El resultado: una victoria aplastante del régimen, fabricada electrónicamente. El ISS concluye que la intervención de INDRA fue esencial para legitimar el fraude, proporcionando una fachada “técnica y europea” a una operación de manipulación masiva.
¿Y en España? Las mismas manos, el mismo sistema
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede España seguir confiando su recuento electoral a la misma empresa que participó en un pucherazo internacional?
En nuestro país, INDRA controla todos los flujos digitales del voto: digitaliza las actas de cada mesa, transmite los datos a sus servidores privados y entrega los resultados al Ministerio del Interior. El ciudadano no puede auditar nada. No se publican los resultados por mesa, las juntas electorales deliberan en secreto y los medios repiten ciegamente los datos que les entrega INDRA.
La OSCE lo ha dicho con claridad: “España carece de transparencia en la transmisión y consolidación de resultados, y los sistemas informáticos no son auditados por entes independientes.”
Pero ningún gobierno, ni socialista ni popular, ha querido abrir esa caja negra. ¿Miedo a lo que podría encontrarse?
Guillermo Rocafort: “Estamos ante un pucherazo digital”
El profesor y economista Guillermo Rocafort lleva tiempo denunciándolo públicamente: “INDRA no es un actor neutral; es un poder fáctico del sistema. Controla la infraestructura electoral, y ningún ciudadano puede comprobar si los datos que emite son los que realmente salen de las urnas.”
Rocafort, que ha investigado los contratos públicos de la empresa y sus conexiones políticas, subraya la coincidencia escalofriante entre el modelo angoleño descrito por el ISS y el modelo español actual: “Dos protocolos, dos verdades: el legal para la prensa y el oculto para el poder. Es la digitalización del fraude.”
Sus palabras resuenan como una advertencia: si un régimen africano manipuló sus elecciones con INDRA, ¿qué impide que ocurra aquí, donde no hay control ni auditoría?
OSCE: veinte vulnerabilidades graves
Los informes de la OSCE/ODIHR han enumerado hasta veinte debilidades críticas en el sistema electoral español: falta de pluralidad mediática, sesiones secretas de juntas electorales, voto por correo sin trazabilidad, tabulación sin auditoría independiente, y opacidad absoluta en los sistemas tecnológicos.
En resumen: una estructura que confía más en la fe que en la verificación. Y en esa estructura, INDRA es la piedra angular.
El poder de la opacidad
Mientras la prensa subvencionada celebra cada noche electoral como una fiesta democrática, nadie se pregunta dónde están los datos crudos, las actas originales, los logs de transmisión o los algoritmos de consolidación. Nadie los ha visto. Nadie los ha auditado. Y sin auditoría, no hay democracia verificable.
En la práctica, España vive bajo una dictadura tecnológica del voto: una empresa que procesa los resultados en nombre del Estado, sin rendir cuentas ante el Parlamento ni ante los ciudadanos.
Un país, condenado al sanchismo
El caso INDRA–Angola debería haber encendido todas las alarmas en Europa. Pero aquí, el silencio es ensordecedor. Ni el Tribunal Supremo, ni el Congreso, ni la Fiscalía General del Estado han abierto una sola investigación sobre los posibles riesgos del sistema de recuento español.
El informe del ISS, avalado por gobiernos nórdicos, demuestra que una empresa española ya participó en un fraude electoral internacional con un doble protocolo. Y eso convierte la confianza ciega en INDRA en un acto de irresponsabilidad democrática.
Como advierte Guillermo Rocafort: “Si la soberanía popular pasa por un servidor opaco, ya no es soberanía: es sumisión tecnológica.”
Sin duda se repetirá el puchero del 23J
España necesita una auditoría pública inmediata del sistema electoral y de los servidores de INDRA. Hasta que eso ocurra, cada elección seguirá siendo una fe ciega en una empresa con antecedentes documentados de manipulación.
INDRA no garantiza la democracia: la sustituye. Y la pregunta ya no es si hubo pucherazo, sino cuándo empezó el pucherazo digital.
