Fuente: La Gaceta
El Gobierno brasileño de Lula da Silva ha dado un nuevo paso hacia el control ideológico con la creación de una herramienta de vigilancia masiva destinada a identificar, rastrear y procesar a quienes critiquen la agenda LGBT. La iniciativa, presentada como un avance por la «inclusión y el respeto», lleva como nombre Plataforma del Respeto.
Según el medio brasileño Gp1, el proyecto fue presentado oficialmente el 16 de septiembre en Brasilia por el Ministerio de Derechos Humanos en colaboración con la ONG Alianza Nacional LGBTI+. Su objetivo declarado es «responsabilizar legalmente» a los autores de publicaciones consideradas «desinformación o discurso de odio» contra personas LGBTI y «otras identidades de género». En la práctica, se trata de un sistema estatal para monitorizar las redes sociales y denunciar judicialmente a quienes no se sometan al dogma de género.
La llamada Plataforma del Respeto ha sido financiada con dinero público: una enmienda parlamentaria de 300.000 reales (unos 50.000 euros) impulsada por el político trans Erika Hilton. La herramienta se apoya en un sistema de inteligencia artificial llamado Aletheia, diseñado para rastrear el origen de la llamada «desinformación», medir su impacto y facilitar la «rendición de cuentas» de quienes la difunden, según detalla The European Conservative.
Entre los contenidos que el algoritmo vigilará figura la «identificación errónea del género» de políticos. En Brasil, esta práctica ya ha provocado persecuciones judiciales. La activista feminista Isabella Cêpa, crítica con el movimiento trans, se vio obligada a abandonar el país y solicitar refugio en Europa después de referirse a Hilton en masculino. Podría haber enfrentado una condena de hasta 25 años de prisión por «transfobia».
La raíz jurídica de esta deriva autoritaria se encuentra en una sentencia del Tribunal Supremo Federal de 2019, que equiparó la «discriminación contra la comunidad LGBT» con el delito de racismo, incorporando la «transfobia» al Código Penal. Desde entonces, Brasil ha abierto decenas de investigaciones y procesos penales por opiniones o publicaciones que simplemente disienten del discurso oficial sobre el género.
Con la Plataforma del Respeto, el Gobierno de Lula institucionaliza un mecanismo de control ideológico que convierte la disidencia en delito y la realidad biológica en una ofensa.
