Por Joana Campos – Gateway Hispanic
El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, ha anunciado la salida inmediata del país de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el bloque regional impulsado por los gobiernos de Cuba y Venezuela.
Esta decisión, revelada en una conferencia de prensa el 25 de octubre de 2025, no solo representa un rechazo frontal a los principios que han sostenido regímenes autoritarios en la región, sino que también acelera el colapso inminente de la organización, reduciéndola a un reducto de naciones con economías en ruinas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien asumirá el poder el 8 de noviembre tras su victoria en la segunda vuelta electoral del 19 de octubre con el 55% de los votos, enfatizó que Bolivia priorizará alianzas con «naciones donde la democracia sea un principio real y no una consigna vacía», en clara alusión a las dictaduras de La Habana, Caracas y Managua.
El anuncio llega en medio de una crisis económica aguda en Bolivia, heredada de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), que ha dejado al país con reservas internacionales críticas, escasez de dólares y una inflación galopante cercana al 15%.
Bajo Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), Bolivia se unió al ALBA en 2006, recibiendo supuestos beneficios en salud y educación, como la alfabetización de más de un millón de personas y atención oftalmológica a tres millones mediante programas como Misión Milagro.
Sin embargo, estos «logros» han sido eclipsados por la dependencia de subsidios venezolanos y cubanos, que no compensaron la nacionalización de hidrocarburos ni el aislamiento geopolítico.
La ruptura con Estados Unidos en 2008, tras la expulsión del embajador estadounidense, agravó el declive, dejando a Bolivia fuera de flujos comerciales abiertos y expuesta a la recesión actual, con bloqueos viales y escasez de combustibles.
Paz Pereira, nacido en España durante el exilio familiar y educado en economía en Estados Unidos, ha sido tajante: no invitará a los líderes de Cuba, Venezuela ni Nicaragua a su toma de posesión, y planea restablecer relaciones diplomáticas con Washington para atraer inversiones y combatir el narcotráfico.
Esta postura pragmática busca un «capitalismo para todos», con recortes fiscales, descentralización y apertura de mercados, rompiendo con el modelo estatista que, según analistas, ha perpetuado la pobreza extrema en un 15% de la población indígena, base histórica del MAS.
La respuesta del ALBA no se hizo esperar. El 24 de octubre, el bloque, presidido por Venezuela, suspendió a Bolivia por su «conducta antibolivariana, antihispanoamericana, proimperialista y colonialista», calificando al nuevo gobierno como «ultraderechista».
El comunicado, difundido por Venezolana de Televisión, rechazó las declaraciones de Paz contra los regímenes miembros, pero insistió en mantener «vínculos solidarios con el pueblo boliviano».
Fundado en 2004 por Hugo Chávez y Fidel Castro como alternativa al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsada por EE.UU., el ALBA ha perdido peso con la salida de Ecuador en 2018 y la breve ruptura boliviana en 2019 durante la crisis post-Morales.
Hoy, con solo diez miembros —incluidas islas caribeñas como Antigua y Barbuda, Dominica y Granada—, su viabilidad económica es nula: depende de un Banco del ALBA inactivo y una moneda virtual, el SUCRE, que nunca despegó. Expertos ven en esta suspensión un acto desesperado de un club de autoritarios, donde Cuba exporta médicos a cambio de petróleo venezolano, y Nicaragua reprime opositores con respaldo ideológico.
El ALBA, lejos de promover integración, ha servido de escudo a violaciones de derechos humanos: en Venezuela, más de 7 millones de exiliados por hambre y represión; en Cuba, prisiones políticas y una economía colapsada con PIB per cápita de 9.500 dólares; en Nicaragua, elecciones fraudulentas y exilio forzado de miles.
Bolivia, al romper, se alinea con el resurgir democrático regional —como en Argentina bajo Javier Milei o Ecuador con Daniel Noboa—, rechazando el «socialismo del siglo XXI» que ha multiplicado la corrupción y la dependencia.
Evo Morales, prófugo con orden de captura por estupro y sedición, clamó por un referéndum para «consultar al pueblo» sobre la «entrega a EE.UU.», pero encuestas muestran que el 60% de bolivianos prioriza la economía sobre ideologías obsoletas.
El impacto trasciende fronteras: con Bolivia fuera, el ALBA pierde su mayor productor de litio y gas, recursos clave para la transición energética global. Países como EE.UU. y la Unión Europea han ofrecido apoyo inmediato para paliar la escasez de combustible y dólares, garantizando estabilidad.
Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, representa no solo un cambio generacional —58 años, exalcalde de Tarija y senador—, sino el triunfo de la moderación cristiana-demócrata sobre el extremismo izquierdista. Su vicepresidente, Edmand Lara, llamó a la «unidad y reconciliación», prometiendo equidad social sin estatismo.
En resumen, la salida de Bolivia del ALBA no es solo un adiós administrativo, sino el epitafio de un proyecto que priorizó la propaganda sobre el progreso.
Hispanoamérica, harta de autoritarismos disfrazados de solidaridad, avanza hacia un futuro de mercados abiertos y democracias robustas. Para los bolivianos, esto podría significar esperanza: empleos, estabilidad y un lugar en el mundo libre.
