Fuente: El Distrito
Por Guillermo Rocafort
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha emitido un informe demoledor sobre la empresa española Indra, que vuelve a situar en el centro del debate internacional la integridad de los procesos electorales.
Este organismo regional, encargado de observar y validar elecciones en el continente americano, no validó los comicios celebrados en la República Dominicana en 2016 debido a las irregularidades detectadas en el sistema electoral automatizado gestionado por Indra.
El caso dominicano ha levantado una ola de preocupación porque las mismas prácticas tecnológicas y logísticas se replican en España, donde esta empresa mantiene el monopolio del recuento, transmisión y procesamiento de los datos electorales.
La Misión Electoral de la OEA fue clara: “El presidente de la mesa electoral fue sustituido en los hechos por un auxiliar técnico vinculado a Indra”, una figura que no existe en la ley electoral dominicana y que alteró de facto el principio de soberanía popular en el recuento de votos.
Un sistema paralelo controlado por técnicos privados
El informe de la OEA detalla cómo los llamados auxiliares técnicos, formados directamente por Indra, se convirtieron en los auténticos responsables del funcionamiento del sistema de votación. En muchos casos, los presidentes de mesa perdieron toda capacidad de supervisión, quedando subordinados a estos técnicos privados que operaban el software y los dispositivos de transmisión de resultados.
Este hecho vulnera el principio básico de cualquier elección democrática: que el control del proceso recaiga en autoridades públicas y no en empresas privadas. Además, la OEA denunció que durante las elecciones dominicanas faltaron equipos, hubo graves fallos de conectividad y se registraron incidencias en el sistema biométrico, todo ello gestionado por Indra.
La organización concluyó recomendando una “reforma estructural profunda” del sistema electoral dominicano para restablecer la confianza ciudadana.
España: los mismos errores, sin supervisión internacional
En España, la situación no es distinta. Desde hace años, Indra mantiene el control absoluto del recuento electoral, incluyendo la transmisión de datos desde los colegios y su procesamiento final. Ninguna autoridad electoral española —ni la Junta Electoral Central ni los presidentes de mesa— tiene acceso directo al software ni a los servidores donde se almacenan y procesan los resultados.
Este modelo es idéntico al criticado por la OEA en la República Dominicana, con la única diferencia de que en España no existe misión internacional que observe ni audite el proceso. Es decir, los españoles confían a ciegas en una empresa privada lo más sagrado de la democracia: el conteo de los votos.
A ello se suma que la Junta Electoral Central no se reúne con los partidos de la oposición para tratar el papel de Indra, según ha denunciado la propia OEA en su informe al referirse al caso dominicano. El paralelismo es alarmante y plantea una pregunta inevitable: ¿aceptaría la OEA validar unas elecciones españolas gestionadas por Indra?
La respuesta: un rotundo no
Si España contara con una Misión Electoral de la OEA, los resultados serían claros: no se validarían las elecciones. Los observadores internacionales ya advirtieron que la falta de transparencia en los sistemas de Indra, su posición de monopolio y la ausencia de control público son incompatibles con los estándares democráticos internacionales.
Además, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) lleva más de una década recomendando a España reformas profundas en su sistema electoral y en la fiscalización del voto por correo. En total, más de veinte recomendaciones siguen sin aplicarse por parte del Gobierno ni de la Junta Electoral.
El voto por correo y la sombra de la manipulación
Otro de los puntos de coincidencia entre el caso dominicano y el español es el uso del voto no presencial, que en España ha adquirido una relevancia extraordinaria desde 2019. Indra también gestiona el cómputo de estos votos, en un proceso opaco y cerrado al escrutinio ciudadano.
La OEA denunció que en República Dominicana la introducción de nuevos sistemas tecnológicos se hizo “al margen de la ley electoral”, invadiendo competencias legislativas y debilitando el control público. En España ocurre lo mismo: los sistemas informáticos de Indra no están sometidos a auditorías independientes, ni sus algoritmos son públicos.
El propio informe de la OEA es claro al advertir que cuando una empresa privada controla el flujo de datos electorales sin supervisión, se produce una ruptura del principio democrático. Lo que debería ser un servicio público, neutral y transparente, se convierte en una caja negra donde solo una parte tiene acceso a la información.
Implicaciones políticas y éticas
Este caso no es solo técnico o administrativo. Tiene implicaciones políticas de enorme calado. Si la OEA ya ha declarado que un sistema controlado por Indra no garantiza la integridad electoral, ¿cómo puede seguir operando la misma empresa en España sin una revisión urgente?
El silencio de la Junta Electoral Central y del Gobierno de Pedro Sánchez frente a estas advertencias es preocupante. De hecho, la OSCE y la OEA coinciden en que el sistema español debe someterse a una auditoría internacional independiente, y que el voto por correo, en particular, es un punto de vulnerabilidad democrática.
Una llamada a la transparencia
El informe de la OEA sobre la República Dominicana es una advertencia que España no puede ignorar. INDRA no es una simple empresa tecnológica; es el guardián de la voluntad popular, y su falta de transparencia afecta directamente la legitimidad del sistema democrático.
En un momento histórico en que la confianza ciudadana está en mínimos, España debe abrir sus procesos electorales a la observación internacional, garantizar el acceso público a los datos y romper el monopolio de Indra en la gestión del voto.
Solo así se podrá asegurar que el voto de cada ciudadano cuenta realmente, y que la democracia española no se encuentra, como ya ocurrió en República Dominicana, bajo la sombra de una privatización electoral sin control ni garantías.
