Traducido de European Conservative por TierraPura
El gobierno socialista de España aprobó un plan extraordinario para regularizar por decreto a los inmigrantes irregulares, lo que supone una nueva ruptura con las políticas migratorias más estrictas en otros países europeos. Se espera que la medida, acordada entre el ejecutivo socialista y Podemos con el apoyo de otros grupos de izquierda, incluya a alrededor de medio millón de inmigrantes.
La reforma será implementada mediante Real Decreto, una vía que evita la ratificación parlamentaria, donde la coalición gobernante carece de mayoría. Según el acuerdo, el objetivo es «garantizar derechos y aportar seguridad jurídica a una realidad social existente».
La elegibilidad se extenderá a los migrantes que acrediten al menos cinco meses de residencia en España, no tengan antecedentes penales significativos y hayan estado presentes en el país antes de finales de 2025. La regularización también se aplicará a sus hijos que ya residan en España. Se espera que el plazo de solicitud se abra en abril y se extienda hasta finales de junio. La presentación de una solicitud suspenderá los procedimientos de deportación o devolución.
La ministra de Migración, Elma Saiz, afirmó que los beneficiarios podrán trabajar «en cualquier sector, en cualquier parte del país», destacando el impacto positivo de la migración. «Estamos hablando de estimaciones; probablemente, las cifras rondarían el medio millón de personas», declaró, según AFP.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido esta política como económicamente necesaria en un país que se enfrenta al declive demográfico y la escasez de mano de obra. También ha argumentado que la migración ha sido un motor clave del reciente crecimiento económico de España.
Podemos ha presentado el acuerdo como una victoria para los derechos y la justicia social tras meses de negociaciones. Los representantes del partido argumentaron que los inmigrantes en España, hasta la fecha, carecían de derechos humanos básicos y eran objeto de persecución policial. Los antecedentes penales y las ya cuantiosas prestaciones sociales para los inmigrantes demuestran lo contrario.
El anuncio provocó una reacción inmediata del Partido Popular (PP), de centroderecha, y del partido nacionalista de derecha VOX. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó duramente la medida en redes sociales, a pesar de haberse alineado previamente con el gobierno en políticas que favorecen la inmigración masiva.
«Hasta 46 muertos. Cientos de heridos. Ni una sola dimisión. Y la primera respuesta de Sánchez es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el factor de atracción y colapsar nuestros servicios públicos», escribió, refiriéndose a la reciente catástrofe ferroviaria en España. «En la España socialista, la ilegalidad se premia», añadió.
El PP argumentó que el gobierno no había explicado cómo se gestionaría la integración ni cómo afectaría la medida a la vivienda, la sanidad, la educación y los servicios sociales, alegando que trasladaría la carga a «los barrios, municipios y gobiernos regionales». «Regularizar la inmigración sin beneficios reales de integración no mejora la vida de nadie. Alimenta la economía sumergida, aumenta la presión sobre los servicios públicos y genera frustración social», declaró el PP.
El líder de VOX, Santiago Abascal, reaccionó aún más contundentemente. «¡500.000 ilegales! El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere derrocarlo. Por eso pretende crear un factor de atracción por decreto para acelerar la invasión», escribió. «Hay que detener esto. Repatriaciones, deportaciones y remigraciones», añadió.
Los sindicatos de policía ya se han manifestado en contra del decreto que podría suponer la mayor regularización de su historia si supera la cifra establecida en 2005. El sindicato de la Policía Nacional SUP en un comunicado, declaró : «Se trata de una regularización masiva sin recursos, responde a un cálculo político y pone en riesgo la seguridad». El SUP destacó cómo la decisión creará un factor de atracción inmediato para los inmigrantes que intentan evitar la deportación. Las fuerzas policiales y otros recursos sociales relacionados no están preparados para una presión tan grande, ya que están saturados por la gestión de los inmigrantes que ya se encuentran dentro de sus fronteras.
