Fuente: Panam Post
Por Roderick Navarro
En plena precampaña electoral, el Senado de Brasil aprobó el Proyecto de Ley (PL) 896/2023, que equipara la misoginia con el racismo con penas de dos a cinco años de prisión más multa. La diputada estadual Ana Campagnolo (por Santa Catarina) y el diputado federal Nikolas Ferreira (por Minas Gerais) han denunciado esta ley como peligrosa y autoritaria.
Campagnolo la califica como “nociva estructuralmente”: su concepto elástico y subjetivo criminaliza opiniones, interrupciones en debates o críticas a mujeres en el poder. No protege a las víctimas reales de violencia, sino que fortalece la militancia feminista radical y silencia la disidencia conservadora. Ferreira la llama “aberración” y promete bloquearla en la Cámara: basta interrumpir a una mujer o ridiculizar sus ideas para ir preso. Es censura disfrazada de protección.
El momento no es casual. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva recurre al identitarismo para desviar la atención de dos escándalos explosivos. Primero, el megafraude en el INSS: miles de millones robados a jubilados y pensionistas mediante descuentos ilegales; la operación ya tumbó al ministro de Previdência, al número dos y al presidente del instituto; involucra a sindicatos, al propio entorno del gobierno incluyendo al hijo de Lula. Segundo, el caso Banco Master: el mayor fraude bancaria de la historia, con ramificaciones en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Contratos con el despacho de la esposa de Alexandre de Moraes, reuniones con Lula fuera de agenda y vínculos con ministros y senadores del Partido de los Trabajadores (PT). Mientras Brasil arde en corrupción con dinero público, el Planalto activa la agenda de género para polarizar y distraer.
Si se aprueba esta ley contra la misoginia, las consecuencias serán graves. Se criminalizará el debate libre: cualquier hombre que cuestione políticas de cuotas, feminismo o figuras femeninas en el poder podrá ser acusado de “odio o aversión”. La ley crea desigualdad jurídica: protege solo a un sexo con penas equivalentes al racismo (inamovibles y sin fianza). Generará desempleo (empresarios evitarán contratar mujeres por riesgo jurídico), autocensura en redes y juicios subjetivos que dependen de la interpretación de la denunciante. Atenta contra la libertad de expresión y el artículo 5º de la Constitución, que garantiza igualdad ante la ley sin discriminación por sexo.
En el Congreso, la oposición tiene la oportunidad de frenarla. El proyecto ya está en la Cámara de Diputados. Para archivarlo basta con rechazarlo en votación plenaria, opción preferida por la derecha. Sectores del centro sugieren reformarlo mediante un sustitutivo que lo limite a actos de violencia real, ya cubiertos por la «Lei Maria da Penha», y elimine la tipificación vaga de “misoginia”.
La bancada del PL, Republicanos y Novo debe actuar de inmediato: exigir audiencia pública con Ana Campagnolo y Nikolas Ferreira, movilizar su base conservadora y votar en bloque contra el texto original. Cualquier vacilación facilitará el autoritarismo de Lula.
Esta ley contra la misoginia no combate la violencia contra la mujer. La usa como pretexto para controlar el discurso, fortalecer grupos identitarios radicales y ocultar la corrupción. Archivar el proyecto es defender la democracia, la libertad de expresión y continuar denunciando los problemas sistémicos que involucran a los autoritarios: jubilados saqueados y fraudes millonarios. El tiempo corre.
