Fuente: La Gaceta
Por Rebeca Crespo
El hombre acusado de asesinar brutalmente a la refugiada ucraniana Iryna Zarutska, de 23 años en un tren ligero de Charlotte (Carolina del norte, Estados Unidos) ha sido declarado «incapaz» de afrontar el proceso judicial por los cargos de asesinato a nivel estatal. La decisión, basada en una evaluación psiquiátrica, abre la puerta a un retraso prolongado del caso e incluso a la posible retirada de los cargos.
Decarlos Brown Jr., de 35 años, fue evaluado en diciembre en un hospital estatal y el informe concluyó que «no está en condiciones» de ser juzgado. Su defensa ha solicitado esta semana aplazar durante 180 días la audiencia que debía determinar su capacidad mental, petición a la que la Fiscalía no se ha opuesto. Ahora será un juez quien decida si acepta el dictamen médico.
Si el tribunal confirma que el acusado no es apto para ser juzgado, la legislación de Carolina del Norte obliga a desestimar los cargos estatales, aunque podrían reactivarse en el futuro si recupera su capacidad. Mientras tanto, Brown permanece bajo custodia federal por un proceso paralelo relacionado con el mismo crimen.
El caso ha generado una fuerte polémica por el historial del acusado. Brown había sido detenido al menos 14 veces desde 2007 por delitos que incluyen agresión, robo y posesión de armas. En el momento del asesinato se encontraba en libertad tras haber sido liberado sin fianza, con una simple promesa de comparecer ante el tribunal.
El crimen, ocurrido a finales de agosto, fue grabado por las cámaras de seguridad del tren. En las imágenes se observa cómo la joven, ajena a cualquier peligro, se sienta frente a su agresor. Instantes después, este la apuñala repetidamente en el cuello en un ataque súbito y sin provocación. La escena provocó indignación nacional por la violencia del acto y la aparente falta de reacción de quienes se encontraban en el vagón.
El impacto del asesinato llevó a una respuesta política inmediata. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó la pena de muerte para el acusado en el ámbito federal. Posteriormente, el gobernador de Carolina del Norte impulsó la conocida como «Ley de Iryna», que endurece las condiciones de libertad bajo fianza para delincuentes violentos y reincidentes.
El caso también ha puesto el foco en los límites del sistema judicial ante acusados con problemas mentales graves. Según la normativa estatal, un procesado sólo puede ser juzgado si comprende el procedimiento y puede colaborar de forma racional en su defensa. Sin embargo, la falta de plazas en centros psiquiátricos provoca que estos procesos se alarguen durante meses o incluso años.
La situación de Brown, cuya familia asegura que padece esquizofrenia, refleja ese vacío. A la espera de nuevas evaluaciones y de una decisión judicial definitiva, el procedimiento por el asesinato de Zarutska queda en suspenso, mientras crece el debate sobre seguridad, reincidencia y fallos en el sistema de libertades provisionales en Estados Unidos.
