Fuente: La Gaceta
La Comisión Europea ha anunciado el lanzamiento de una nueva aplicación de verificación de edad destinada a controlar el acceso a contenidos online, una iniciativa que, pese a presentarse como una herramienta de protección para menores, ha desatado fuertes críticas por su potencial impacto sobre la privacidad y las libertades digitales.
La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la aplicación ya está «técnicamente lista» y será desplegada próximamente en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA).
El sistema permitirá a los usuarios acreditar su edad mediante el escaneo de documentos oficiales, generando una credencial digital que podrán usar para acceder a plataformas restringidas sin compartir datos personales como nombre o dirección.
Bruselas insiste en que el modelo respeta la privacidad y que ni gobiernos ni empresas podrán rastrear la actividad de los usuarios. Sin embargo, la herramienta está diseñada para integrarse en el futuro sistema de identidad digital europea (EUDI Wallet), que será obligatorio en todos los Estados miembros a partir de 2026.
Diversas organizaciones de derechos digitales han advertido de los riesgos estructurales del sistema. Entidades como la Electronic Frontier Foundation o European Digital Rights alertan de que este tipo de mecanismos puede erosionar el anonimato en Internet y abrir la puerta a formas de vigilancia masiva.
Aunque la aplicación se presenta como voluntaria, los expertos, como Rodrigo Ballester del MCC, advierten de que su integración progresiva en plataformas digitales podría convertirla en un requisito de facto para acceder a determinados contenidos. El riesgo, señalan, no reside sólo en los datos directos, sino en los metadatos generados por el uso continuado del sistema, que podrían permitir la elaboración de perfiles o el seguimiento de la actividad online.
La conexión con la futura cartera digital europea refuerza las sospechas de que la medida forma parte de un proyecto más amplio de centralización de la identidad digital en manos de las instituciones comunitarias.
Críticos de la iniciativa advierten de un posible «efecto deslizante»: una herramienta concebida inicialmente para proteger a menores podría acabar convirtiéndose en un sistema generalizado de identificación obligatoria en Internet.
